La independencia del poder Judicial en España

Más de ocho años de investigación y nueve jueces

M. FABRA

El caso Fabra ha sufrido un proceloso camino que ha acabado.

Diciembre 2003. Un empresario denuncia al presidente de la Diputación de Castellón, Carlos Fabra, al que acusa de cobrarle cantidades millonarias a cambio de favores políticos.

Enero de 2004. Carlos Fabra afirma no haber percibido “compensación económica alguna por interceder en defensa de los intereses de los empresarios”. Dos ministros, Jesús Posada (Agricultura) y Celia Villalobos (Sanidad), admiten haberse reunido con Fabra.

Enero de 2004. La primera juez del caso asciende a magistrada y deja el Juzgado de Nules, que instruye la causa. Después, el caso acogerá hasta nueve jueces y cuatro fiscales.

Febrero de 2004. Fabra declara como imputado por tráfico de influencias y cohecho. Admite haber visitado La Moncloa para hacer gestiones.

Febrero de 2004. El denunciante aporta dos archivadores con documentos y facturas de supuestos regalos a políticos.

Abril de 2004. La Unión de Consumidores se persona como acusación particular.

Junio de 2005. La Agencia Tributaria presenta una denuncia contra Fabra por fraude.

Mayo de 2006. Se investiga a toda la familia Fabra.

Mayo de 2007. Las pesquisas destapan que el dirigente del PP y su familia cuadruplicaron su patrimonio en cinco años.

Septiembre de 2008. Un informe pericial revela que entre 1999 y 2004 Fabra y su esposa ingresaron 5,3 millones de origen no justificado.

Julio 2010. La fiscalía pide 15 años de cárcel para Carlos Fabra. La acusación lo eleva a 20.

Enero de 2012. El juez decide dictar auto de apertura de juicio y fija una fianza de 4,2 millones de euros.

Mayo de 2012. La Audiencia de Castellón decide anular el auto de apertura de juicio e insinúa que se debe archivar la acusación por cohecho.